El Gobierno nacional eliminó retenciones al 88 por ciento de los productos industriales y 4.411 productos dejarán de pagar derechos a la exportación de entre el 3,0 y el 4,5 por ciento sobre el valor de la mercadería. La medida beneficia a casi el 40 por ciento de las empresas exportadoras de artículos fabricados a nivel nacional. Desde el sector pyme mostraron los límites de la decisión que “deja afuera a la mayor parte de los actores productivos”.

La normativa, que favorece a 3.580 empresas, quedó oficializada este miércoles mediante el Decreto 305/2025 del Boletín Oficial con el fundamento de que estos impuestos “afectaban la competitividad” en el exterior y desincentivaban la generación de divisas, de valor agregado y de empleo. Al mismo tiempo, el texto aclara que la simplificación administrativa resulta favorable siempre y cuando “no afecten el equilibrio fiscal”.

“El 90 por ciento de las posiciones del sector fueron alcanzadas por la medida que constituye un paso positivo hacia una mayor competitividad del entramado productivo argentino y responde a un planteo histórico de nuestra entidad, sostenido a lo largo de diversas gestiones”, afirmaron a Página/12 desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Además, explicaron que trabajan para promover una política “más amplia” que “mejore la competitividad” y agilice los reintegros.

Entre los productos que dejarán de tributar retenciones se encuentran agropartes, artículos de fundición, maquinaria agrícola, óptica, vidrio, autopartes, maquinaria y equipo, relojería, preparados de sangre u hormonas elaborados por la industria farmacéutica, como tubos, cables e insecticidas.

También quedan eximidos artículos de alto valor agregado, como cosméticos, partes de motores y piezas de autos -como bombas, válvulas o engranajes, plásticos y metales-.

“El beneficio abarca a un escaso porcentaje de pymes y no mueve la aguja frente a la problemática del sector, íntimamente vinculado al mercado interno”, afirmaron a Página 12 desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). Solo el 5 por ciento del total de las pymes estaría alcanzado por la iniciativa oficial aunque el número se reduce si se incluye el universo de Mipymes, cooperativas y emprendimientos.

“Sectores de grandes empresas festejan la medida. Está bien que se apoye la generación de valor en el país, pero en este caso creemos que desde la mirada de conjunto no es para festejar: resulta una medida distractiva, que camuflada en un supuesto alivio al sector productivo esconde el flagelo de un tipo de cambio sostenido artificialmente que desalienta la exportación, encarece costos en dólares y favorece el ingreso masivo de productos importados que aniquilan la industria nacional”, advirtieron desde la organización.

Además, cuestionaron a los grandes industriales porque “hablan en nombre de las Pymes” y “avalan un modelo que deja afuera a más del 90 por ciento de las empresas mientras concretan la flexibilización laboral”.

Apyme consideró también que la medida es contraria a la política de superávit fiscal promovida por la gestión de Gobierno en tanto que resigna ingresos para el Fisco. “El Presidente quita impuestos a los que mayor capacidad contributiva tienen, mientras suben los costos relacionados con los tarifazos y los abusos de los grandes grupos concentrados y extranjerizados”, denunciaron.

Según los datos publicados por el Gobierno, el valor de las exportaciones de los productos que quedaron libres del tributo acumuló el año pasado 3.804 millones de dólares.

Con 40 año de trayectoria, 30 operarios y la producción de trabajos muy especiales como los cohetes que se lanzaron desde Punta Indio y otros proyectos para Atucha, Embalse y la cuenca gasífera, Inoxpla exportaba el 20 por ciento de lo producido en los años 2002, 2003 y 2004. “En 2023 solo exportamos el 1,0 por ciento, entonces no hay otra alternativa que bajar aranceles, no pretendemos una devaluación porque eso genera inflación, lo que queremos es competir. ¿Y cómo se compite? Bajando costos”, aseguró a Página/12 Hugo Timossi, ex presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata y propietario de la firma.

“Facturamos 12 meses y pagamos 14 sueldos -por vacaciones y aguinaldos-. En la actualidad tenemos un litigio de aproximadamente 400.000 juicios laborales. La mayoría de nuestros gastos son impuestos. Y si el Estado no se da cuenta y no empieza a bajar aranceles no podemos competir”, insistió el empresario. En ese sentido, ejemplificó: un vehículo fabricado en Argentina sale con 61 por ciento de impuestos, mientras la misma unidad producida en México tributa sólo 18 por ciento.

Por otro lado, consideró que para quienes viven de la producción el ingreso de artículos importados los perjudica: “Por más que tengamos una industria poderosa y con niveles de calidad iguales a los de Europa, si el equipo que fabricamos acá llega desde China por un valor diez veces menor no tenemos manera de resolverlo”.