Jorge Diego Marco es el actual director del Instituto de Patología Experimental (IPE), que depende tanto de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En un contexto de desfinanciamiento nacional a la ciencia y la técnica —lo que comenzó a conocerse como “cientificidio”—, el investigador denunció la situación que se vive en el país y en la provincia, evocando también su propio exilio científico durante la crisis de 2001.

Al ser consultado por el panorama actual, Marco rememoró su salida del país hace más de dos décadas. “Me tuve que ir en 2001. Cuando empecé, quería ser investigador”, contó. Tenía 27 años y fue uno de los tantos científicos y científicas que dejaron el país. Gracias a una beca, estuvo nueve años en Japón. Aun así, memoró que lo más difícil fue el desarraigo: “No crean que es lindo irse a pelearla a otro lugar. Sé que depende de cada uno, pero a mí no me gustó. Me encantó vivir en Japón, pero no me gustó que me exilien porque no había plata para investigar acá”.

Marco es bioquímico, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán en 1997, y obtuvo su doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad de Kochi, Japón, en 2006. Durante ese período, investigó diversos aspectos de la leishmaniasis endémica en Argentina, principalmente desde la epidemiología molecular, el diagnóstico y el seguimiento de pacientes bajo tratamiento. Más adelante, sus estudios posdoctorales se enfocaron en el diseño de estrategias de inmunodiagnóstico e inmunoprofilaxis para esa enfermedad, con base en análisis proteómico.

Regresó al país en 2010. “Fui repatriado al obtener un subsidio. Ingresé a la carrera de investigador en esa época y desde entonces me quedé. Y no me quiero ir. Principalmente, porque trabajo con pacientes. Creo que lo que hacemos tiene que hacerse desde acá”, afirmó. Ese mismo año se incorporó al IPE, donde hoy es investigador independiente del CONICET y también docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSa. “Volví contento porque había ingresos a carrera y podía aplicar en el país lo que aprendí. Pero ahora todo se repite”, lamentó.

Aseguró que, como científico que emigró en 2001, no le parece justo que otras personas tengan que atravesar lo mismo, especialmente cuando se trata de decisiones políticas. “El aporte de los investigadores es valiosísimo para el país, y lamento que quienes hoy gobiernan no lo vean así”, expresó.

Fue en diciembre de 2008, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se lanzó oficialmente el Programa RAICES como política de Estado, una iniciativa del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología orientada a recuperar talentos científicos argentinos residentes en el exterior. El objetivo era reforzar las capacidades del sistema científico nacional y garantizar la permanencia y el retorno de quienes deseaban investigar en el país.

Marco fue uno de los 824 científicas y científicos repatriados hasta julio de 2011, en el marco de esa política que continúa vigente como legislación nacional (ley 26.421). “Conozco gente de esa época que sigue trabajando en Estados Unidos, Europa o Japón. Algunos volvimos, otros no. Una vez que un investigador se va, es difícil que regrese. Pero hubo esfuerzos concretos para repatriar”, subrayó.

La realidad del IPE

En el Instituto de Patología Experimental trabajan 35 personas: 12 investigadores, 16 becarios, 7 técnicos y una persona en tareas administrativas. A ellos se suman estudiantes que ingresan como pasantes o tesistas. Las líneas de investigación son variadas, pero tienen una fuerte orientación hacia enfermedades endémicas del norte, como leishmaniasis, Chagas y toxoplasmosis. “Son problemas sanitarios locales que no están en el radar de las grandes farmacéuticas”, explicó.

Marco contó que el desfinanciamiento impulsado por la gestión actual del Gobierno nacional hacia el sistema científico, y especialmente hacia el CONICET, está afectando todas las líneas de investigación, tanto básicas como aplicadas. En el caso de las básicas, se desarrollan tratamientos y vacunas contra enfermedades como la leishmaniasis y el Chagas; mientras que en las aplicadas, se trabaja en el diagnóstico y seguimiento de pacientes, tanto humanos como animales.

“La falta de financiamiento —gran parte proveniente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i)— hizo que dejáramos de brindar diagnósticos. No tenemos reactivos”, detalló Marco. Si bien el instituto cuenta con subsidios otorgados, muchos no fueron efectivamente desembolsados.

“Nos deben bastante dinero”, denunció. “Estamos poniendo plata de nuestros bolsillos para cubrir las urgencias. Antes hacíamos las facturas y la Agencia nos devolvía, pero ahora parece que vamos a perder lo que ya pusimos”.

El ajuste también impacta en el equipamiento. El IPE tenía un subsidio para reparar un citómetro de flujo. Las empresas prestaron el servicio, pero no cobraron. “Nos están demandando porque no se pagó. Son 7 u 8 millones de pesos que no se abonaron a los proveedores”, contó el investigador. A eso se suma la paralización de las obras para el nuevo edificio del Instituto: “Quedó una etapa sin construir. Tenemos un remanente, pero tenemos que analizar si alcanza para terminarla”.

Además, alertó sobre la imposibilidad de publicar en revistas científicas internacionales. “Antes publicábamos varios artículos, pero ahora no podemos mandar ni un paper, porque no tenemos cómo pagarlos”, expresó. También denunció la suspensión de ingresos de nuevos investigadores. “La situación es muy seria”, resumió, aunque no pierde la esperanza de que el gobierno “recapacite” y “entienda que sin ciencia no hay futuro. No hay país que salga de la pobreza sin investigación y sin educación”.

Como se trata de un instituto de doble dependencia, Marco contó que también hizo visible la situación ante las autoridades de la UNSa. En vísperas del cambio de rector, ocurrido el 11 de mayo, invitó a las tres listas que se presentaban para que conocieran la realidad del Instituto. Ahora espera una pronta reunión con la nueva gestión encabezada por Miguel Nina.

“Muchas ideas se frenan”

Frente al recorte presupuestario, los equipos de investigación se ven obligados a buscar financiamiento en el exterior o incluso, a cobrar por servicios a la comunidad. Sin embargo, aclaró Marco, hasta ahora “nadie emigró de ningún instituto. Todos siguen trabajando acá, porque los sueldos se siguen pagando, aunque sabemos que con la inflación van perdiendo valor”.

“Seguimos trabajando con lo que hay, viendo cómo adaptarnos a esta nueva situación. Y seguimos luchando. Porque esta lucha es por un presupuesto digno. Esa ha sido siempre la gran deuda de todos los gobiernos”, apuntó. “Tenemos mucha gente, mucho potencial, muchas capacidades, pero nunca el presupuesto supera el 1,7% del PBI. Es muy bajo incluso comparado con países vecinos”, alertó.

En lo que va de 2025 el presupuesto ejecutado en Ciencia y Técnica es el más bajo desde 2006. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), durante el primer cuatrimestre el Gobierno ejecutó un 18% menos para el CONICET que en el mismo período de 2024.

Por su parte, el Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA informó que el sistema científico perdió más de 1.200 trabajadores. “Se suspendió toda la financiación de las actividades científicas. No hay fondos para reactivos, insumos, ni para mantener los servicios mínimos en los centros, como la limpieza o la seguridad”, advirtió. En números: el presupuesto para la función Ciencia, Tecnología e Innovación en 2025 es de 392.000 millones de pesos, frente a los 486.649 millones de 2024 y los 545.760 millones de 2023. Una caída del 28%.

“Muchas ideas se frenan”, lamentó Marco. Y explicó que si esta situación se mantiene, muchas líneas de investigación, sobre todo en ciencia básica, van a cerrarse. “A la larga, habrá preguntas que no se van a poder responder. Eso impacta directamente en la calidad y la producción de conocimiento. Y lo vamos a sentir tanto a corto como a largo plazo”. Por último, reflexionó: “La ciencia debe ser libre, abierta, y ajena a los vaivenes partidarios. Someterla a estos cambios políticos me parece espantoso. Y es perjudicial para todos”.