La Dirección Nacional de Vialidad respondió una intimación del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, mediante la cual aceptó realizar la reparación de la ruta nacional 11 en el tramo que atraviesa los Departamentos Vera, San Javier y General Obligado, en el norte de la provincia, por lo que ampliará a 200 kilómetros el segmento sobre el que realizará la intervención. Además, el organismo federal extendió el contrato para los trabajos por ocho meses, contados desde abril, por lo que las tareas llegarán hasta fin de año. “No es un favor del Estado, es una obligación mientras la ruta esté bajo su dominio”, afirmó el magistrado.

La respuesta de Vialidad a la intimación judicial señala que el contrato de reparaciones sobre la ruta nacional 11 se ampliará por ocho meses a partir del 28 de abril, de moto tal que llegará hasta fines de 2025. “Todas las anomalías detectadas serán atendidas a la brevedad dentro de dicho plazo”, dice la nota del organismo que responde a la notificación del juez federal de Reconquista.

Alurralde constató que algunos sectores de la traza nacional no habían sido reparados por Vialidad, por lo que decidió intimar al organismo que la gestión del presidente Javier Milei recortó en su presupuesto, bajo la premisa de no realizar más obra pública mientras avanza en la licitación para la administración privada de la red vial bajo jurisdicción nacional. Ahora los arreglos se realizarán entre el kilómetro 665 y el 931, a lo largo de más de 200 kilómetros, con obras ya financiadas y en marcha, según se desprende del documento de Vialidad.

La primera orden emitida por el juez para que el Estado nacional se haga cargo del mantenimiento de esa ruta, en el tramo del norte santafesino, fue a raíz de la presentación de un medida cautelar interpuesta por el diputado provincial de la UCR, Dionisio Scarpín. Luego se plegaron a esa estrategia judicial la senadora del departamento General López, Leticia Di Gregio (por la ruta nacional 33 que va de Rosario hasta Bahía Blanca) y su par rosarino, Ciro Seisas, por la Circunvalación local.

“Nosotros extendimos la orden judicial a todo el tramo que corresponde a nuestra jurisdicción. No es un reclamo simbólico: esto tiene que ver con la seguridad real de quienes transitamos todos los días por la ruta”, sostuvo ayer el magistrado federal en declaraciones a Aire de Santa Fe. En esa línea, hizo hincapié en facultades indelegables del Gobierno nacional, con independencia de su ideología. “No es un favor del Estado, es una obligación mientras la ruta esté bajo su dominio”, sostuvo acerca de la responsabilidad oficial sobre la red vial.

Además, Alurralde aseguró que llevará adelante un seguimiento personal de los avances de la tareas encomendadas a Vialidad Nacional a través de la resolución judicial. “Nuestra tarea es controlar que se cumpla con la orden. No se trata de una obra de buena voluntad: es una decisión judicial para proteger a la población”, dijo el magistrado, quien insistió en la idea que no el mantenimiento vial no es un asunto circunscrito a la mirada de un gobierno de turno ni un problema exclusivamente de infraestructura. “Una ruta en mal estado puede costar vidas. No podemos esperar a que eso pase para tomar medidas”, completó.

El 5 de mayo pasado, la Cámara Federal de Resistencia (Chaco, con jurisdicción sobre el norte de Santa Fe) había rechazado un recurso de apelación interpuesto por la Dirección Nacional de Vialidad y confirmó la resolución judicial que la obliga a la reparación urgente de la ruta 11.

 

La medida fue una respuesta a la acción de amparo impulsada por Scarpin, quien denunció el grave estado de la traza vial y su impacto en la seguridad de quienes transitan por ella. El fallo de la Cámara ratificó la decisión tomada el 10 de marzo último por el juez Alurralde, que había ordenado al organismo nacional realizar las reparaciones necesarias en un tramo crítico de la ruta 11.