El domingo último, cuando la mayoría de los integrantes de la Asociación Consorcio Administrador Ex Lote Fiscal 4 se había ido a votar en las comicios legislativos, los pocos que quedaron cuidando sus sembrados de poroto fueron fumigados, ellos se intoxicaron y la plantación se quemó. 

Así lo informó Eduardo Pisco, presidente de esta Asociación e integrante del Pueblo Chorote. Esta organización administra las 13.400 hectáreas entregadas como territorio comunitario indígena en el año 2000 a 19 comunidades de los pueblos Chorote, Chulupi, Qom (Toba) y Wichí. Este territorio está a 30 kilómetros de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín. 

La fumigación de los sembradíos es el corolario de la tensión entre los habitantes indígenas y algunos criollos que les disputan el usufructo de estas tierras.

Según el relato de Pisco, los señalados, de apellido Ortiz y Sáenz, serían criollos que crían ganado y siembran en las tierras comprendidas dentro de los límites del territorio comunitario. 

Sin embargo, Pisco refirió que antes de que asumiera la nueva comisión, otros referentes originarios habrían llegado a acuerdos que permitían a los criollos utilizar al menos 800 hectáreas del territorio.

Los nuevos integrantes de la comisión directiva de la Asociación decidieron  demarcar su territorio con postes y reclamarlo como propio. 

Fue entonces que empezó “una guerra”, dijo Pisco. Relató que si las comunidades ponían postes, los criollos los sacaban con amenazas de por medio. En la escalada del conflicto, los habitantes originarios decidieron sacar el portón de los criollos de su territorio y poner su propio portón, lo cual trajo más denuncias, amenazas y agresiones.

Por otro lado, al ver que los campos estaban ya desmontados y limpios, la comunidad decidió sembrar poroto con la idea de vender esta producción. “Tenía ya como 30 centímetros y estaba lindo”, describió Pisco.


Pero el domingo 11 de mayo, a las 8, una avioneta sobrevoló los sembradíos y lanzó un líquido que quemó las plantas. Incluso, según denunció Pisco, los pocos que cuidaban la tierra también fueron rociados. Ellos trataban de frenar la fumigación haciendo señas. “Menos mal que había un charco y se tiraron al agua. Pero siguen con la comezón”, contó el referente. 

Se habían sembrado cerca de 400 hectáreas que quedaron arrasadas por el químico arrojado desde una avioneta.  

Si bien la denuncia ya está en la administración de justicia, dado que ayer los miembros de las comunidades la radicaron en la Ciudad Judicial de Tartagal, Pisco afirmó que, si de manera urgente no hay una remediación e indemnización por los daños provocados, van a cerrar el acceso a los cultivos de los criollos dentro del territorio originario, donde tienen unas 800 hectáreas con maíz.

Una actuación pendiente

“Hice al menos 70 denuncias”, aseguró Pisco al hablar con Salta/12, precisó que las viene realizando desde hace 2 años, cuando empezó a empeorar la relación con los criollos y no encontraron un canal de diálogo y negociación.

Entre los papeles que mostró, exhibió una solicitud del fiscal penal Armando Cazón, de Salvador Mazza, quien en diciembre del año pasado remitió dictamen al Juzgado de Garantías N° 2 en el cual señaló a los Sáenz y los Ortiz por usurpación y robo en las tierras comunitarias. 

El fiscal pidió entonces la restitución de las tierras a las comunidades originarias, dado que calculaba que los acusados habían usufructuado unas 2000 hectáreas del territorio comunitario.


Ayer en una nueva denuncia, los habitantes indígenas acusaron a Pablo Fatorini, dado que la avioneta fumigadora es de su propiedad. La sospecha es que la orden de fumigación habría venido de los criollos con quienes mantienen el conflicto. Antes de hacer la denuncia, los integrantes de las comunidades habían ido hasta la base en la que se guardan unas 4 avionetas usadas para fumigar en la zona. 

Este hangar se encuentra en el kilómetro 6 de Tartagal. Allí les ratificaron que había orden de fumigar, pero sin decirles quién la había dado. En la denuncia los indígenas solicitaron que se investigue el líquido utilizado y se investigue a Fatorini por lesiones y por rociar con productos peligrosos sin cumplir las normativas vigentes para el cuidado del ambiente y la salud.