La disparada del dólar que alerta al campo

Mario Raiteri se dedica a la siembra de papa en Mechongué, un pueblo con cerca de 1.500 habitantes a 50 kilómetros de Miramar. Es secretario general de Coninagro y sostiene que la producción agropecuaria bonaerense se complejiza cada vez más por los bajos precios en los commodities y el encarecimiento de los costos dolarizados que tiene su producción potenciados por la reciente devaluación.

Incluso, en el sudeste de la Provincia, región que transita frecuentemente, “el rinde de la hectárea de soja está por debajo de los valores necesarios para paliar los costos de producción”. A este diagnóstico se le suma la complejidad para efectivizar la cosecha en el corto plazo a raíz de las lluvias y tormentas que castigaron durante marzo a Bahía Blanca y municipios cercanos.

El escenario asoma complejo también para el maíz. “La mayoría no va a poder cosechar antes del 30 de junio y va a perder más por las retenciones”, indica. La fecha a la que hace referencia es al vencimiento de la medida impulsada por Milei en enero de este año mediante la cual redujo de forma transitoria los derechos de exportación para las producciones tradicionales como la soja, el trigo, el maíz y el girasol.

A los bajos precios de los commodities, con una soja que oscila los 300 dólares por tonelada, Raiteri señala que se agregó la complicación de “la espada de Damocles que son los aranceles que Trump pretende imponer a los bloques comerciales y no podemos saber qué repercusiones tendrá en los precios”.

Además, pone sobre la mesa los efectos inmediatos de la salida del cepo. “Es favorable y es algo que siempre pedimos, pero nos preocupa porque es una medida que se da en un país donde la devaluación que se produce no genera competitividad al sector como ocurre en otros mercados”.

¿Por qué? Porque en el campo, asegura, “enseguida sube el techo de lo que se puede percibir junto con el piso que son los costos dolarizados”. Desde los fertilizantes y pesticidas, pasando por el paquete tecnológico necesario para obtener la rentabilidad necesaria, hasta la volatilidad en el precio del combustible y los servicios que aumentaron violentamente durante 2024. Ante la flotación de bandas dictaminada por el Gobierno para que el dólar flote a un valor entre los 1.000 y 1.400 pesos, Raiteri explica que se dan aumentos por encima del valor actual por mera especulación.

“Este aumento de costos impacta en los insumos justo en el momento donde se están pagando los alquileres de los campos y tomando decisiones de siembra lo que trae más incertidumbre a la decisión de producir”, advierte.

El movimiento entre el piso y el techo de la rentabilidad que cuenta Raiteri “concentra la actividad”. “El Presidente cree que vendrá una rebaja en los costos, puede ser, pero lo que hacen las empresas es llevar sus precios hacia el mercado que puede pagar por su producto y compensan una menor venta incrementando el precio”, detalla a raíz de una experiencia que ya vivió en la década de los años noventa.

“Van a trabajar para el que puede pagar, pero el que produce comida no puede hacer eso porque la comida queda en el campo”, apunta. Habla de cómo se están percibiendo estas dificultades entre los productores de papa, yerba y tomate, donde el destino de su cosecha está abocado, mayoritariamente, al mercado interno.

“Los estómagos de los argentinos que no comen no se suplantan con argentinos que tienen dos estómagos y pueden comprar más comida”, compara Raiteri. “Vamos a un mercado interno que tiene un menor poder adquisitivo luego de esta devaluación y que no recuperaron lo que perdieron tras los últimos años de alta inflación”, repara. “Los salarios no recuperaron lo que perdieron y nos tiene que comprar mercadería a costos dolarizados”, sintetiza.

Este cuadro de situación arroja un futuro incierto. El dirigente de Coninagro advierte que ante la pérdida que experimenta el productor tiene más dificultades para pagar el arrendamiento. “No hay que olvidar que el 75 por ciento de los productores alquila”, recuerda. Los pequeños y medianos productores tienen que competir contra los pooles de siembra “que son un actor financiero”.

“Hoy el productor tiene temor porque no sabe si va a poder afrontar los costos de la nueva campaña por el alquiler y el paquete tecnológico necesario para alcanzar el rendimiento que le permite, al menos, recuperar lo que invirtió”, indica Raiteri.

Y pone de ejemplo al sector papero, al cual pertenece. Explica que habrá una buena cosecha en el sudeste bonaerense, pero que tendrá como contrapartida un escenario de sobreoferta a raíz de la baja demanda por los bajos salarios. “La Provincia produce casi el 50 por ciento de la papa a nivel nacional y el 75 por ciento de esa producción va al mercado interno, por lo que esta incertidumbre lleva a los productores a evaluar cuanta superficie sembrar para el que viene, lo que después puede derivar en faltantes”, detalla.

El debate sobre las retenciones

El debate sobre las retenciones volvió al centro de la escena tras los dichos de Milei. No se lo comunicó a las entidades rurales de manera formal y prefirió hacerlo durante una entrevista. El mensaje no cayó bien, tanto por la forma como por la falta de convocatoria a los actores involucrados para pensar alternativas y evitar un aumento en los derechos de exportación cuando fue el propio Presidente el que repitió en reiteradas ocasiones que nunca subiría impuestos y que las retenciones iban a desaparecer.

En enero de este año, el Gobierno decretó que la alícuota de la soja baje del 33 por ciento al 26, el trigo, la cebada y el maíz de 12 a 9,5, y el girasol de 7 a 5,5. Durante la misma jornada, Luis Caputo remarcó que la medida vence el 30 de junio. Eso no fue una sorpresa. Sí lo fue la imposibilidad de analizar alternativas ante un contexto internacional que atenta contra la rentabilidad del sector.

Raiteri dice que la mayoría de los productores no se sintieron "extorsionados por lo que dijo el Presidente". "Habló de lo que está normado y la realidad es que, cuándo se dirige a la liquidación, les habla a los exportadores y no a nosotros", afirma aunque deja escapar una crítica que se repite en el sector desde la asunción del libertario. "Estábamos esperanzados en que siga reduciendo los derechos de exportación hasta su desaparición, tal como fue su promesa electoral", el secretario general de Coninagro.

El productor rural asegura que el contexto internacional es “malo” para el campo y que la salida del cepo tuvo efectos adversos para los productores que destinan su producción al mercado interno, lo que crea un combo comprometedor para quienes deben evaluar qué y cuánto sembrar en la nueva campaña.

En una de sus últimas entrevistas, el Presidente resaltó que su gestión “le tiró un hueso al campo” y que “ahora tienen que liquidar”. Estas declaraciones despertaron el rechazo de Coninagro, la entidad que agrupa al sector cooperativo del campo, pero también a otras organizaciones que integran la Mesa de Enlace.

Desde Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, su titular, Ignacio Kovarsky, cruzó con dureza al libertario, al señalar que los dichos de Milei representan "algo muy difícil de digerir". "Él mismo ha dicho que las retenciones son un robo, que son nefastas, y ahora parece que se olvida", señaló en Canal E.

Y no se quedó ahí. Aseguró que "el equilibrio fiscal del Gobierno depende en gran medida del aporte del campo" y que “todos los años se le saca más al agro en retenciones que lo que acaba de aportar el Fondo Monetario Internacional". "Al fondo se le ruega, se le paga tasa, al campo se le saca sin empatía", cuestiona.

Incluso, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina y uno de los principales defensores de las políticas del Gobierno nacional, sostuvo que "muchos creían que con Milei íbamos hacia la libertad económica, pero si no bajan las retenciones, todo queda en un slogan".

La grieta entre productores y  exportadores

Desde las distintas entidades que representan al agro siempre marcan la diferencia existente entre el productor y el exportador. El que cosecha no es el que opera a nivel internacional. Esa tarea recae en imperios multinacionales como la norteamericana Cargill, Bunge o la francesa Dreyfus. Allí es donde recae la producción bonaerense, ya sea en los puertos de Quequén para los del sur o el de Rosario para los del norte de la provincia.

La referencia no es menor. Según explica Raiteri, los productores reciben el pago por su mercadería en pesos por parte del acopiador. Las grandes firmas son las que realizan las transacciones en dólares y descuentan las retenciones correspondientes antes de abonar a los productores. Este sector es el que “liquida”. A diferencia de quienes producen, no padecen el encarecimiento de los costos para los insumos necesarios para potenciar la rentabilidad de una hectárea de campo.

Este mismo análisis hace Juan José Bahillo, ex Secretario de Agricultura de la Nación. En conversación con este medio, sostiene que las medidas tomadas por el Gobierno nacional son “por necesidad macroeconómica porque el plan no les funcionó y van perdiendo reservas”. “Ni siquiera la lucha contra la inflación funciona, porque 24 horas antes del anuncio por las retenciones se conoció el índice de 3,7 para el mes de marzo”, agrega.

A su juicio, no hubo medidas para mejorar la productividad del campo. “El Gobierno se enorgullece de eliminar resoluciones burocráticas donde, posiblemente, algunas estén bien, pero desburocratizar no impacta en la rentabilidad de los productores, algo que el Gobierno encima empeoró”, remarca.

Como ejemplo de este devenir, Bahillo toma el precio del gas oil, uno de los principales insumos en el campo. Indica que, en noviembre de 2023 y bajo la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, el precio de este combustible estaba alrededor de 320 pesos y con una soja a 190 mil pesos por tonelada. Hoy en día, el gas oil cuesta casi 1.400 pesos el litro y el valor de la soja está en 330 mil pesos la tonelada. La cuenta rápida muestra que, en noviembre de 2023, un productor podía comprar más de 590 litros de gasoil con lo producido por una hectárea. En la actualidad, sólo 235.

Volviendo al tema de las retenciones, Bahillo critica que hoy se mantiene la retención sobre el maíz y el trigo cuya “recaudación no llega a los mil millones de dólares a nivel nacional, un monto que el Gobierno lo quemaba por semana para sostener el precio del dólar”.

Desde su mirada, la gestión de Milei “tiene un fuerte desconocimiento del entramado productivo del interior de la provincia de Buenos Aires, casi un desprecio, porque no están en agenda los problemas de los productores y las economías regionales”. Condena la “desarticulación vergonzosa” de la Secretaría de Agricultura que lideró y reafirmó la necesidad de políticas de Estado para impulsar el desarrollo de pequeños y medianos productores.

Respecto a este último eje, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) emerge en la charla. Consultado por este medio, Javier Ortega, ex director de la Fundación ArgenINTA, asegura que lo realizado en el Instituto por parte de Milei radica en un “talibanismo ideológico” de algunos sectores que carecen de argumentos serios para validar el desguace del organismo.

“Este es un claro ejemplo de cómo se atenta contra la productividad del sector, porque hoy no se puede producir en el campo sin tecnología, y eso con el INTA es gratis para el productor”, indica Ortega. Advierte que, en casos como este, se mimetizan los productores con los grandes jugadores del agro y colaboran con la destrucción de espacios necesarios para el crecimiento de los pequeños y medianos chacareros.