Instituciones y transportistas del sector de discapacidad denuncian atrasos en los pagos, desfasajes en los aranceles y recortes en las prestaciones de Iapos. Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes) denunció que los transportistas están sin cobrar prestaciones realizadas en noviembre pasado. “Iapos está abandonando a los prestadores y a las personas con discapacidad”, cuestionó. En tanto, Luciano Urrutia, de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) sostuvo que desde la Agencia Nacional de Discapacidad tampoco brindan respuestas ni soluciones a las dificultades que atraviesa el sector: “Nuestra actividad está regulada absolutamente por el Estado, que nos exige cómo debe ser la calidad del servicio que brindamos, pero a su vez no nos paga como corresponde”.

“Estamos en un punto límite”. Así definieron los transportistas nucleados en Atraes la situación que atraviesan ante las demoras en los pagos de Iapos, que además se realizan con aranceles incluso más bajos que los del gobierno nacional. Por ese motivo, sumado a recortes en diversas prestaciones, distintas organizaciones están organizando una protesta frente a la obra social provincial, para visibilizar la situación y reclamar las actualizaciones correspondientes. La intención de la jornada es poder también elevar un petitorio al propio gobernador, Maximiliano Pullaro, advirtiendo la gravedad del asunto.

“Todavía no cobramos prestaciones brindadas en noviembre del año pasado y es imposible que podamos seguir trabajando si no nos pagan. El nomenclador nacional es bajo y Iapos paga menos aún. Esto hace que haya transportistas que ya no quieran brindar servicios a discapacidad en general, pero principalmente a beneficiarios de Iapos”, señaló Bolego a Rosario/12. “Se están recortando prestaciones. Iapos está abandonando a los prestadores y a las personas con discapacidad”, añadió.

Según el referente del sector, el argumento de Iapos por el atraso en los pagos es que no cuenta con los fondos suficientes para afrontar las prestaciones en discapacidad. En ese marco, adelantaron que las actualizaciones se irán dando “en función del aumento de paritarias”. Desde Atraes se mostraron receptivos a esa situación, pero remarcan que los propios trabajadores se encuentran en una situación límite y ya no pueden seguir cargando el servicio en sus espaldas.

“Nosotros acompañamos y entendemos que era necesario seguir trasladando a las personas, pero ya llega a un límite en que esto recae directamente sobre quienes brindamos el servicio. Todo se termina cuando hay que llenar el tanque de la camioneta para salir a trabajar y te das cuenta que no tenés la plata. Eso es gravísimo”, describió y agregó: “Hemos intentado trabaja cada vez que nos han convocado, pero nosotros no podemos resolver la situación de Iapos. Ellos son los funcionarios que están para solucionar y dar respuestas”.

La situación alcanza a unos 20 mil personas con discapacidad de la provincia, que son beneficiarios de Iapos y utilizan los servicios de traslados para ir a rehabilitación, a centros de días o a servicios educativos terapéuticos. “Lo vivimos con mucha preocupación, porque no sabemos cómo darle una solución a estas familias. Tomar la decisión drástica de dejar de brindar un servicio, implica que una persona involucione considerablemente en su tratamiento. Es una situación grave y por eso tenemos que denunciarla”, finalizó.

Las dificultades con Iapos son un eslabón más de un ajuste hacia el sector discapacidad que se desprende del gobierno nacional. “La última actualización que tuvo todo el sector fue en diciembre del año pasado, de un 0,5%. El directorio del sistema que rige nuestra actividad, presidido por el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, hace más de cinco meses que no se reúne y no nos da respuesta”, denunció Urrutia a Rosario/12. “Nuestra actividad está absolutamente abandonada por el Estado, que nos exige cómo debe ser la calidad del servicio que brindamos, pero a su vez no nos paga como corresponde”, remarcó.

Para el dirigente de Apridis, todo el contexto impacta de lleno en las personas con discapacidad, que son los primeros damnificados. “Esto se refleja en distintos aspectos del día a día de las instituciones. Desde las dietas de las comidas que brindan, teniendo que reducir el valor proteico, es decir la carne que les dan; hasta en los proyectos que llevan adelante”, describió y agregó: “Algunas instituciones planificaban salidas por fuera de la institución, o acompañamientos de trabajo con empresas del sector privado, buscando una inserción laboral. Todo eso es lo primero que se recorta y tiene su impacto. No es lo mismo tener una institución que dialoga con la ciudad, con el deporte, con la cultura, que tener que encerrarse puertas adentro”.